Universidades protegiendo a sus dreamers

Por Mimi Kirk

Hace unas cuantas semanas, policías arrestaron a más de 30 profesores del área de Boston en Harvard Square, quienes obstruyeron la Avenida Massachusetts para protestar el anuncio de la administración Trump de que pondrán fin al programa Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA por sus siglas en inglés). DACA permite a los jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU como menores de edad a vivir, trabajar y estudiar en el país legalmente.

Kirsten Weld —profesora adjunta de Historia en la Universidad Harvard— organizó la manifestación y estaba entre los que fueron arrestados. “Quisimos enviarles un mensaje a nuestros estudiantes de que vamos a luchar por ellos”, dice. “También quisimos demostrar las acciones que los educadores pueden tomar, ya que no vamos a solucionar este problema mediante la firma de peticiones”.

Los arrestos de Weld y sus homólogos son indicativos de la indignación que muchas universidades están expresando tras el anuncio. Aproximadamente 10,000 del total de los 800,000 dreamers (como se les llama a los beneficiarios de DACA) se gradúan de las universidades cada año y los maestros y el personal de éstas también se benefician del programa.

Un día después de la manifestación en Harvard, la Universidad de California —la cual tiene aproximadamente 4,000 beneficiarios de DACA en su sistema de 10 sedes— anunció una demanda entablada contra la administración Trump. “Los dreamers enfrentan expulsión del único país al que pueden llamar ‘hogar’, basado en nada más que un capricho ejecutivo irracional”, declara la demanda.

La demanda hace eco de otra que fue entablada hace unas semanas por los fiscales generales de 15 estados y de Washington DC. Esa demanda busca frenar los esfuerzos de la administración en rescindir DACA. El estado de California, junto con Maryland, Maine y Minnesota, entabló una demanda parecida el 11 de septiembre.

Meng So —director del Programa de Estudiantes Indocumentados de la Universidad de California en Berkeley, el primero de su tipo en el país— dice que la demanda es un guante lanzado en la lucha por la justicia y la dignidad humana. “Es una invitación a todas las universidades a lo largo del país a unirse a nosotros para ganar esta batalla”, dice. Aunque está por verse si otras sedes se unirán a la Universidad de California en su lucha legal, la demanda lleva a otro nivel la resistencia de universidades a las deportaciones de estudiantes indocumentados.

Mientras que algunas instituciones, tal como la Universidad Wesleyan y Reed College, se auto designaron como ‘sedes santuarias’ el año pasado, prometiendo que no ayudarían a las autoridades federales en la deportación de sus estudiantes, por lo menos sin una orden judicial, por lo general los funcionarios universitarios reconocen que, al fin y al cabo, sus sedes tienen que cumplir con la ley migratoria. “Ser una sede santuaria realmente no significa mucho”, dijo Tim Cresswell —decano de la facultad y vicepresidente de asuntos académicos en Trinity College— en una entrevista con The Atlantic en 2016. “Los miembros de la comunidad abogan por el estatus de sede santuaria debido a un deseo de mantener seguros a los estudiantes y al personal, pero no estamos seguros si tiene relevancia legal”, dice So.

Desde que se inauguró el programa para indocumentados en Berkeley en 2012, este ha servido como modelo en cuanto a cómo las universidades pueden ofrecer servicios a sus estudiantes indocumentados, incluso si dichos servicios no llegan a ofrecer protección legal.

Primero, el decano So recomienda que las universidades ofrezcan apoyo legal gratis a sus estudiantes indocumentados. Tras el anuncio sobre DACA, instituciones que incluyen la Universidad de Georgetown, la Universidad de San Diego y la Universidad de Iowa han empezado a proveer o están aumentando este servicio.

En cuanto a los estudiantes indocumentados que buscan obtener el asesoramiento legal, el decano So dice que aproximadamente un 30% de las veces descubren que tienen derecho a unas soluciones más permanentes, entre ellas visas otorgadas a las víctimas de crimen o del tráfico humano. Y, después del anuncio de Trump, las universidades están buscando inscribir a sus estudiantes en un último período de dos años en DACA. Las personas cuyos estatus vencen entre ahora y el 5 de marzo de 2018 tienen derecho a inscribirse, y la fecha para hacerlo es el 5 de octubre. Weld dice que la Universidad Harvard están investigando cómo puede ayudar a sus estudiantes a pagar la cuota de 495 dólares para entregar la solicitud.

Sin DACA, les será mucho más difícil a los estudiantes indocumentados financiar sus estudios universitarios. Por ejemplo, los beneficiarios no podrán ingresar a programas de empleo académico a medio tiempo en sus universidades respectivas. Con tales recursos bajo amenaza, So dice que está tratando de convertir a los programas de empleo académico en becas de investigación tipo servicio público o en subvenciones de participación comunitaria para los estudiantes afectados para que puedan mantener su estabilidad financiera.