Nuevos patrones migratorios exigen nuevas políticas públicas

Si las políticas no les permiten ganarse la vida de manera adecuada van a quedar rezagados y a necesitar urgentemente de los programas sociales

Por: Luis DE LA TEJA

De 51 reuniones interparlamentarias en 39 ocasiones se ha abordado el tema migratorio; el más discutido de la agenda bilateral, pero el menos comprendido, plantea un desafío a los hacedores de políticas públicas contextualizar la actualidad migratoria en dos acontecimientos que han definido el contexto de la movilidad humana; la peor crisis económica de Estados Unidos en 70 años y un nivel de control migratorio sin precedentes, precedido del mayor auge económico en una década pasada.
En 10 años, los mismos flujos se manifiestan también dos cambios importantes: niveles mucho más bajos de movimiento México- EU lo que redunda en un saldo migratorio de tasa cero y un contingente de retornados a México, cuyos cambios obligan a que ampliemos la mirada en dos sentidos; incorporar el análisis a los migrantes retornados a nuestro país y sus hijos binacionales en Norteamérica y un análisis de las políticas mexicanas y su éxito o no en la reintegración apoyados con base en estadísticas oficiales e investigación de campo.
Las reformas de las políticas públicas deben tomar en cuenta la posición socioeconómica de los migrantes indocumentados como de los documentados que ingresan a EU por vías legales.
Actualmente las políticas han sido deficientes de atención a migrantes. Si las políticas no les permiten ganarse la vida de manera adecuada van a quedar rezagados y a necesitar urgentemente de los programas sociales. Los cambios drásticos en la densidad, intensidad y demografía migratoria obliga a la responsabilidad compartida que implica acciones positivas tanto para México como para Estados Unidos, las políticas de atención a la situación de los migrantes tiene que ser sistemática y sostenida y debe extenderse más allá del acento en la reforma de la política migratoria.
El dialogo binacional no solo respalda una reforma migratoria en Estados Unidos, que no solo aborde el status quo de millones de trabajadores indocumentados, millones de trabajos ocupados por individuos inelegibles; millones atorados por trámites burocráticos, sino que además se garantice que las condiciones que crearon esta situación van a ser corregidas.
Ambos países asumen la insuficiencia de las políticas migratorias. En 2006 el Congreso Estadounidense formuló pero no aprobó una reforma amplia, en cambio refuerza la vigilancia de la frontera al tiempo que funcionarios estatales y locales se convierten en participantes activos con nuevas leyes y medidas administrativas con el objeto de restringir el acceso de los migrantes a los servicios locales.
México en cambio sí lo hizo en 2011, aprobó una legislación en su esfera de competencia, previamente descentralizo a partir de 1986 los programas de atención a migrantes.
Sin embargo, el escenario actual en los dos países se constata el hecho de que las condiciones presentes dificultan la integración de los migrantes e impiden su contribución sustantiva en ambas sociedades. Una gran mayoría cuente con capital humano y financiero que se puede aprovechar en beneficio de ellos y del país.
Han pasado 30 años desde que se activo el Mecanismo Consultivo a nivel de trabajo político, social y económico, en el sexenio de Carter- López Portillo, cuyo mecanismo se reforzó en 1979 y se reorganizó en 1981 como agencia de gabinete, supervisaba los asuntos que exigían especial atención. En 1996 produjo el Primer Memorándum de Entendimiento, para repatriación, persecución del tráfico humano y seguimiento a crímenes contra migrantes, pero tampoco llego a ser la puerta que conduciría a una relación migratoria especial bilateral.
Después del 9-11 la comisión cambio de fines y se especializó desde Bush y Fox en asuntos fronterizos y seguridad, concretado en los acuerdos de Monterrey, en detrimento de los asuntos consulares, sociales y migratorios. Una consecuencia de esta ausencia es que actualmente gran parte de los acuerdos administrativos ya no operan o cuentan con un mecanismo de seguimiento.

 

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