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Tres mujeres se declararon culpables recientemente
en San Diego de crear un
inventario ilegal de bebés y vender cada
uno de ellos por entre $100,000 y $150,000.
Las tres se aprovecharon de parejas que
deseaban desesperadamente tener hijos,
ofreciéndoles acuerdos de maternidad
subrogada que aparentan ser legítimos.
También se aprovecharon de mujeres reclutadas
para ser madres de alquiler.
La estafa se dio a conocer cuando una de
las madres de alquiler, que ya tenía casi
siete meses de embarazo, se preocupó de
que aún no se había encontrado padres
para su bebé. Ella contactó a un abogado,
quien después contactó a la oficina del
FBI en San Diego. Aunque la estafa ocurrió
en San Diego, la mayoría de los padres
y las madres de alquiler vivían fuera de
California.
Estafadora incluía a abogada conocida
Dos de las acusadas eran abogadas que
se especializaban en leyes relacionadas a
la reproducción. Ellas son Theresa Erickson,
una abogada conocida en California,
y Hilary Neiman, quien administraba
una agencia de adopción y de madres de
alquiler en Maryland.
La tercera acusada es Carla Chambers de
Nevada, quien operaba como la intermediaria
para las madres de alquiler. Las tres
eludieron regulaciones de la maternidad
subrogada que dicen que los contratos entre las madres de alquiler y los futuros
padres se deben presentar antes de un
embarazo. Asimismo, engañaron a las
madres subrogadas, a los futuros padres y
a la corte familiar de California.
Cómo funcionaba la estafa
A los futuros padres se les decía que los
bebés que estaban por nacer eran el resultado
de acuerdos legítimos de maternidad
subrogada, pero que los padres originales
se habían arrepentido. Ahora ellos tenían
la oportunidad de “asumir” un acuerdo
que en realidad nunca existió.
La estafa se desarrollaba de la siguiente
manera:
Las acusadas visitaban salas de chat y foros
sobre temas de adopción y maternidad
subrogada en busca de madres de alquiler
y parejas interesadas.
Las madres de alquiler viajaban a Ucrania
en donde se les implantaban embriones
derivados de donadores anónimos con la
promesa de que serían compensadas por
los futuros padres.
A las víctimas se les hacía creer que participaban
en un acuerdo legal de maternidad
subrogada y que había una lista de
espera de futuros padres. Ellas acordaban
dar a luz en California.
Se les prometía que encontrarían padres
para sus bebés rápidamente, pero las
acusadas generalmente esperaban hasta
el segundo o tercer trimestre
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