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La derrota del senador estatal
de Arizona Russell
Pearce en las elecciones especiales
que se realizaron
para revocar su mandato es
una señal tangible de que a
los antiinmigrantes se les debe combatir
con el poder del voto y se les puede ganar.
“Aunque todavía no se ha dado a conocer
los resultados oficiales de las cifras
de participación latina, fue evidente que
la votación de los electores hispanos fue
definitiva para que Pearce perdiera”, me
dijo Janet Rodríguez, la galardonada reportera
de Telemundo en Arizona, que se
ha ganado cinco Emmys siguiéndole los
pasos al hoy defenestrado senador, al alguacil
Joe Arpaio, a la ley estatal SB 1070
y a las vicisitudes de los inmigrantes indocumentados
radicados en ese estado.
Como ejemplo para emular está la osadía
de los integrantes de la organización Ciudadanos
por Una Mejor Arizona, que recolectaron
más de 10 mil firmas válidas
para que las autoridades electorales convocaran
la votación especial que puso en
manos de los electores decidir la suerte
de Pearce y su desafuero.
Lo que parecía una misión imposible concluyó
en un acto inédito en los 99 años
de existencia de Arizona como estado: la
destitución por medio del sufragio popular
del individuo que ostentaba el cargo
de presidente del Senado Estatal, un funcionario
que parecía invencible y cargado
de soberbia.
Pearce, quien fue el impulsor de todas las
leyes antiinmigrantes en Arizona desde
2004, no se presentó para reconocer su
fracaso electoral con la folclórica camisa
de palmeras que usó para hablar con la
presentadora de Univisión, María Elena
Salinas, tras la aprobación de su obra
maestra, la SB 1070, que convirtió en
delito ser indocumentado en Arizona.
Esta vez, el senador estatal utilizó una
indumentaria sencilla, la de una de sus
camisetas de campaña para la admisión
del descalabro electoral, acompañado por
su compañero de perfidias contra los inmigrantes,
el sheriff Arpaio, del Condado
de Maricopa.
Pearce, que regularmente ha usado corbata
para hablar con los medios en inglés,
logró en 2004 la aprobación de la
proposición 200, que exige que los funcionarios
oficiales reporten a las autoridades
a los indocumentados que intenten
solicitar beneficios públicos.
En 2005 impulsó la “Ley anticoyote” contra
el tráfico humano, que dio luz verde a
las redadas indiscriminadas y a los abusos
que se atribuyen al alguacil Arpaio.
En 2006 hizo que se decretara la ley 100
que niega la posibilidad de fianza a los
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