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Cuando Anthony Tangemann, director de la
Oficina de Detención y Remoción (DRO), del
Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE),
ordenó la realización de la Operación Endgame
(Final del Juego) en el verano de 2003, movió
las piezas de ajedrez que tienen hoy a los 11 millones
de indocumentados contra el filo de la deportación.
El proyecto, que contemplaba la expulsión del país
de todos los indocumentados entre 2003 y 2012, no
cumplirá la meta para la fecha fijada, pero si sentó
las bases para confeccionar la pesadilla que viven los
inmigrantes que carecen de papeles.
La Operación Endgame apuntaba, además de las
actividades de arrestos, crear un ambiente de respaldo
a las acciones de deportación por parte de los
ciudadanos estadounidenses, tener nexos con organizaciones
de base y entidades no lucrativas y mercadear
las instancias de éxito del plan.
Además, para ejecutar el Final del Juego se proyectaba
continuar la contratación de cárceles privadas
para internar a los indocumentados, como ha ocurrido
reiteradamente.
Partiendo del plan se dio la espiral de expulsiones
que fue subiendo en cada año fiscal: 2003, 155,874;
2004, 173,777; 2005, 179,165; 2006, 206,177; 2007,
288,663; 2008, 349,041; 2009, 387,790; 2010, 392,862; y
2011, 396,906.
Desde 2003 hasta la terminación del año fiscal de
2011, en septiembre pasado, las autoridades de inmigración
sacaron del país a más de dos millones y
medio de indocumentados.
La deportación masiva ha sido respaldada por organizaciones
de base y entidades no lucrativas antiinmigrantes,
que se han dedicado a generar las leyes
estatales y locales que se han venido copiando para
hacerle la vida un yogur a los inmigrantes que carecen
de estatus migratorio, con medidas destinadas
a arrestarlos por “sospechas”, impedirles trabajar,
transportarse, ser transportados, alquilar o adquirir
vivienda, estudiar en instituciones de educación superior,
estigmatizar a niños y padres de familia, e incluso
abrogar el derecho a la ciudadanía a los nacidos
aquí, que sean hijos de indocumentados.
El congresista Luis Gutiérrez se quejaba en el programa
de televisión dominical Al Punto con Jorge
Ramos de lo que vio durante una visita a Alabama,
donde el imperio del terror generado por la ley estatal
HB 56 le cercena la posibilidad a los inmigrantes
hasta de tener servicio de energía, en
el marco de una atmósfera que recuerda
las abominables leyes Jim Crow,
que discriminaban contra los afroamericanos,
aún después de que se decretó la
liberación de los esclavos, en la segunda
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