|
Por Flor Berenguer
Cuando estudiaba mi primera carrera
profesional, la situación en casa era crítica
en lo económico y familiar. Sin entrar
en dolorosos detalles que afectarían a
terceros, diré que me vi obligada a trabajar
para poder estudiar. Así las cosas, los
empleos de medio tiempo para alguien
que recién salió de la prepa no crecen en
los árboles y con muchos esfuerzos conseguí
el peor de ellos pero que al menos
me permitía llegar a tiempo a clases.
Éste consistía en dar clases de literatura
española a los presos de la penitenciaría
para varones de Santa Martha Acatitla,
la grande, denominada así porque allí se
encuentran aquellos criminales que ya
han agotado todas las instancias legales
y compurgan allí su sentencia hasta el
término. Por las condiciones excepcionales
de la secundaria técnica que opera
al amparo de la ley de normas mínimas y
remisión parcial de la pena, se me autorizó
el empleo sin contar con el título de
maestra normalista ya que agradecen al
cielo que cualquiera se aparezca a cubrir
las vacantes mal pagadas, peligrosas y
encima lejanas. Durante casi 5 años mi
rutina diaria iniciaba de madrugada
para llegar en 3 ó 4 camiones hasta el fin
de Iztapalapa a checar tarjeta antes de
las 7 a .m., dar mis clases, colaborar en
las entrevistas para preliberación y realizar
otras actividades de orden cultural.
Salía de allí a medio día con una torta
de frijoles y una concha tomadas del
rancho carcelario para llegar a CU antes
de mi primera clase a las 2 pm Esos
años departiendo con lo más granado
de la criminalidad me autorizan moralmente
a reiterar que creo totalmente en
la pena de muerte y que considero indispensable
revivir el espíritu original
del artículo 22 de nuestra constitución
que la señala para secuestradores, salteadores
de caminos, traidores a la patria
y asesinos con alevosía. Estoy harta de
escuchar las explicaciones bizantinas de
los defensores de los derechos humanos
que sólo se abocan a tutelar los de los
criminales.
|