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Gracias a como las autoridades
locales aplican las
leyes de inmigración, el 5
de julio de 2008, la indocumentada
mexicana Juana
Villegas pasó por la humillante experiencia
de dar a luz a su hijo Gael, esposada
a una cama en un hospital de Nashville,
en Tennessee..
Villegas había sido detenida por una infracción
de tráfico, en el suburbio de Berry
Hill y fue procesada por la Oficina del
Sheriff del condado de Davidson, mediante
el programa de deportaciones 287g.
Dos años después, las autoridades se enfrentan
al rasero de la justicia, tras el veredicto
de un juez federal que determinó
que los alguaciles violaron los derechos
civiles de la madre y un jurado le otorgó
200 mil dólares de compensación por daños
y perjuicios.
Sin embargo, el sheriff del Condado de
Davidson, Daren Hall, ha decidido apelar
los fallos de las cortes federales e insiste
que sus agentes hicieron lo correcto con
Villegas.
“Francamente, yo no creo que ella fue
tratada inapropiadamente o inconstitucionalmente”,
ha dicho Hall, sobre la crueldad.
No me imagino la ira que habría tenido
el aguacil si la mujer a la que hubiesen
encadenado de las extremidades superiores
e inferiores, durante los dolores del
parto, se hubiera tratado de su propia
madre.
Pero, así son de “sensatos” algunos funcionarios
locales a los que el gobierno
federal les está permitiendo que actúen
como oficiales de inmigración.
No solo la cordura le falla en Tennessee al
alguacil, Hall, sino el mal también aqueja
a los agentes del Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE), que están
procediendo como vaqueros desbocados
del viejo oeste en ese estado.
El lunes 12 de septiembre la organización
Latinos Unidos de Shelbyville, de una localidad
al sur de Nashville, llevó a cabo
una audiencia pública sobre perfil racial
con la presencia de funcionarios del
Departamento de Justicia (DOJ) y del
Departamento de Seguridad Nacional
(DHS).
Durante la vista se presentó el estudio
“La Constitución Olvidada”, preparado
por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes
y Refugiados de Tennessee
(TIRRC), que documentó el tratamiento
especial que reciben los inmigrantes
hispanos del Condado de Bedford, para
acelerar la deportación de los que son indocumentados.
El informe constata que casi 40% de los
detenidos por licencias de conducir en
Shelbyville fueron hispanos, pese a que
los latinos constituyen 20% de los habitantes
de esa localidad. Además, señala
que 4 policías realizaron el 62% de los
arrestos
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