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El Departamento de Seguridad Nacional
(DHS por sus siglas en inglés) emitió una
carta al Congreso en la que se anuncia
una nueva iniciativa para concentrar sus
recursos en las deportaciones de máxima
prioridad y en detener las deportaciones
de casos de baja prioridad como los niños,
las familias militares, las personas que
fueron traídas aquí a temprana edad, las
parejas del mismo sexo y las personas
que son el sostén único de sus familias. El
Center for American Progress ha dado a
conocer la declaración siguiente:
Aplaudimos al Departamento de Seguridad
Nacional por dar este paso importante
y bien recibido encaminado a armonizar
nuestras prácticas de cumplimiento de
la ley inmigratoria con los valores y prioridades
de la nación. Al enfocar nuestros
recursos del cumplimiento de la ley en
aquellas personas que constituyen una
amenaza a nuestras comunidades y no
en los inmigrantes que no han cometido
delito alguno, estas normas harán más
seguras a nuestras comunidades, ahorrará
dinero a los contribuyentes y mantendrán
el compromiso de nuestro país
con el estado de derecho. Esta iniciativa
representa otro paso en el proceso de
hacer más eficaz y coherente nuestro régimen
de cumplimiento de la ley inmigratoria
al dar seguimiento a un memo
sobre la discrecionalidad en el enjuiciamiento
emitido por el Director del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas
John Morton el 17 de junio, en el que se
enuncian claramente las prioridades de
cumplimiento de la ley de la agencia. La
iniciativa lanzada hoy es un gigantesco
paso de avance en la instrumentación de
las directrices trazadas en el memo de
Morton y que extienden su aplicación a
todo el sistema inmigratorio. Este esfuerzo
interinstitucional sin precedente, que
incluye al Departamento de Justicia (DOJ
por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas, la Agencia
de Aduanas y Protección Fronteriza y
los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, normalizará las prácticas de deportación
y aplicación de la ley para asegurar que los recursos se desplieguen en forma eficaz
a nivel de todo el sistema. Como Angela Kelley, vicepresidenta de Política y Abogacía
Inmigratoria, señala: “La priorización de los recursos y el otorgamiento de discrecionalidad
a los fiscales para decidir los casos a enjuiciar es parte fundamental de cualquier
esfuerzo de las autoridades—y aplaudimos a la administración por llevar esta discrecionalidad
a todas las facetas del sistema inmigratorio”. Estas guías no constituyen un
debilitamiento de la
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