No es país para mujeres

Por: Mabel Lozano-El País

Días atrás, coincidiendo con el Paro Nacional, he estado en Colombia, invitada por la Procuraduría General de la Nación para participar en la VIII Audiencia Pública contra la trata de mujeres, niñas y niños, en la ciudad de Bogotá. Una iniciativa magnífica para visibilizar este flagelo, que dirían los colombianos; o terrible delito, que dice el Código Penal, y así conseguir la complicidad de todas las instituciones públicas y sensibilizar a la sociedad civil.

En esta audiencia solo se hablaba de trata y explotación sexual, en ningún caso de prostitución, pues en Colombia la mayoría de las personas y los medios de comunicación entienden esta última como una práctica “voluntaria” de las mujeres.

Según Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, tan solo en Bogotá hay más de 23.500 mujeres víctimas de explotación sexual, la mayoría llegadas de otros lugares más pobres de Colombia, y del país vecino, Venezuela. Muchas de ellas fueron desplazadas a la fuerza por el conflicto armado y otras muchas por el hambre y la violencia de género. Todas ellas terminan finalmente en las grandes ciudades siendo presas fáciles de tratantes y proxenetas.

Todas estas víctimas están siendo explotadas en el mercado de la prostitución; por tanto, debemos hablar de este fenómeno vinculada a la trata, puesto que es la finalidad para la cual son captadas estas mujeres. No abordarlo es invisibilizar el punto de partida de muchas de las mujeres captadas, que no son otros que la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia, como también edulcora de qué manera son explotadas estas mujeres: prostituidas en las calles y en los burdeles 15 horas al día, de domingo a domingo, sin descanso, sometidas a la violencia de todo depredador que las compre y utilice, y bajo el yugo de los proxenetas. Porque, como en la mayoría de los países del mundo, las mujeres están en la prostitución por cuenta de un tercero que es quien se lucra. En Colombia, incluso, las mujeres son explotadas por los propios integrantes de grupos armados para financiar, a través de esa actividad, sus operaciones.

En una entrevista que me hicieron en una emisora de radio muy conocida allí en Colombia, un periodista afirmaba, sin despeinarse, estar de acuerdo con un oyente que aseguraba que en su país no existía el proxenetismo. Según este hombre, culto y considerado un gran altavoz mediático, las colombianas no tenían ni chulos ni proxenetas; eran libres, autónomas y empoderadas. Me imagino que en este saco también incluía a las 23,500 mujeres a las que hacía referencia el Procurador, pues todas ellas estaban en la prostitución y no en otro lugar.

Con esto, lo que está claro es que no se aplica la magnífica ley colombiana contra la explotación sexual que tipifica todas y cada una de las caras del proxenetismo. A pesar de los esfuerzos y el compromiso del Procurador General, y su magnífico equipo para poner la trata y la explotación sexual, tanto en las agendas públicas como en las sociales, la actitud en Colombia es más bien “negacionista” puesto que, en las respuestas de las autoridades participantes en la audiencia, ni siquiera se abordó la trata trasnacional, es decir, la de mujeres que son captadas cada día en los mismos lugares y con los mismos métodos que en su día hicieran los tratantes españoles allá por finales del siglo pasado, y que ahora de nuevo llegan a cientos cada día a nuestros países. Primero a los pisos, donde son aleccionadas, para pasar después a los burdeles. Tampoco se habló en ningún momento de políticas sociales, de herramientas o de trabajo que incidan directamente en los lugares donde son captadas las mujeres una y otra vez por su vulnerabilidad.

Por todo esto, me parece de gran valor el trabajo que están haciendo las feministas colombianas, que

están intentando incidir en este Paro Nacional para incluir dentro del pliego de peticiones al Gobierno la explotación sexual y demás violencias contra las mujeres, además de lo mismo que reclama toda la ciudadanía, que empieza por un derecho fundamental que no es otro que el derecho a la vida, a que no los maten, como ha venido ocurriendo en el último medio siglo. También a un trabajo digno, sanidad y educación públicas, un sistema nuevo de pensiones, denunciar el abuso policial y la reforma tributaria, en la que las feministas están denunciando la inclusión de un impuesto a las modelos webcam y con este la legitimación de sus proxenetas, entre otras peticiones que son imprescindibles y que afectan nada menos que al 51% de la población colombiana, y que no se abordan dentro de las reivindicaciones. Quizá porque como son cosas que afectan solo a las mujeres, no se incluyen en este momento histórico de masiva movilización en Colombia.

Nunca el pueblo colombiano había salido en masa a la calle a reivindicar sus derechos, quizá porque antes el conflicto armado lo enturbiaba y encubría todo. Ahora, después del acuerdo de paz y la desmovilización de los grupos armados a los que se hacía responsables de todos los males del país, los colombianos y colombianas empiezan a ser conscientes de sus muchas precariedades.

De todo lo que el pueblo exige, hasta el momento no aparece nada relativo al fin de la explotación de niñas, adolescentes y mujeres ofrecidas al turismo, de la trata nacional y trasnacional, de la salud sexual y reproductiva, de la violencia machista y familiar terrible que sufren las colombianas, ni de la feminización de la pobreza.

En este país, por cada 100 hombres en situación de pobreza, hay 120 mujeres en exclusión social, cifra ofrecida por ONU Mujeres en 2018. Tampoco está incluida una justicia con perspectiva de género que garantice la no repetición ni el restablecimiento de derechos a tantas mujeres a las que el conflicto armado les ha robado todo… Es decir, una vez más, ellas no son importantes, ni en este momento histórico ni en tantos otros, ni en este país ni en muchos otros.

https://elpais.com/elpais/2019/12/19/planeta_futuro/1576769246_100345.html