Miedo a reportar los delitos de odio

Por Reacción/El Diario

Hay un serio problema con los delitos de odio. Se conoce que hay una gran cantidad de ellos y que los latinos están entre los más perjudicados por estas acciones. Al mismo tiempo, se sabe que estos incidentes no se reportan adecuadamente, estimándose que la cifra real supera lo conocido.

Un reporte de la semana pasada del Buró de Estadísticas de Justicia, del Departamento de Justicia reveló que entre 2004 y 2015 los hispanos experimentaron el índice porcentual más de estos delitos llegando a 1.3 por cada mil personas.

El delito de odio según la Ley de Estadísticas de 1990, que fue enmendada en 2008, es “la evidencia manifiesta de un prejuicio basado en la raza, el género, la religión, la discapacidad , orientación sexual o etnicidad”.

Esto abarca desde el despreciativo “regresen a su país” de una anciana en el supermercado a una golpiza en una calle oscura cometida por adultos y jóvenes. Claro, ambos no son lo mismo. Uno deja la dignidad herida, en el otro va al hospital al cementerio. Lamentablemente estos últimos incidentes son mucho más frecuentes.

Empero el sentimiento que lo origina es muy similar. El latino, inmigrante, musulmán, afroamericano o gay no debería está aquí; nosotros estaríamos mejor sin él, piensan los autores perpetradores de estos casos.

El reporte “Hate Crime Victimization 2004-2015” calcula que en ese período se cometieron alrededor de 250,000 delitos de este tipo. Estas cifras, una combinación de reportes oficiales y extraoficiales, desnudan también otro problema: la baja colaboración de las entidades policiales y gubernamentales para reportar estos delitos.

Una investigación reciente de Propública halló que más de 100 agencias federales del orden fallan en reportar los delitos de odio al banco de datos del FBI. Otra investigación de la Prensa Asociada (AP) de 2016 mostró que más de 2,700 departamentos de policía y del Sheriff de todo el país no reportaron al FBI ni siquiera un delito de este tipo en seis años.

El incumplimiento de la ley que obliga reportar estos delitos al banco de datos federal es explicado como por desconocimiento de esta obligación y la confusión para reconocerlos. Lo que sí demuestra es un aparente desinterés en reportar este tipo de delito en sector amplio sector policial y dentro del gobierno federal.

Ya es difícil saber la cantidad de estos delitos por el temor de sus víctimas a reportarlos a las autoridades para sumarle la falta de colaboración oficial.  Hay gente que desconfía de que la policía lo tomará en serio o por miedo a la deportación en el caso de los inmigrantes.

Es complicado combatir los delitos de odio en esta situación.

Esto es un indicio pésimo para los latinos y los inmigrantes que, junto a los musulmanes, son el blanco de un discurso gubernamental que promueve el resentimiento hacia ellos e, indirectamente, los delitos de odio.