La administración Trump podría deportar a algunos inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití, según decisión del tribunal de apelaciones.

“No quiero dejar atrás a mis hijos o a mis nietos”: Algunos inmigrantes que llevan muchos años en Minnesota podrían ser enviados de vuelta; la decisión podría afectar a más de 200.000 personas a nivel nacional.

 

Por: Por JOEY PETERS-Sahan Journal

 

Walter Ayala Ortiz quiere que la gente sepa que él es igual que ellos.

 

Ayala Ortiz, de 42 años, tiene una casa en St. Paul y trabaja en el departamento de informática del Century College. Está casado y tiene dos hijos. Ha vivido en Minnesota la mayor parte de su vida. 

 

Esa situación, dijo, podría describir a innumerables inmigrantes como él en los EE. UU. que tienen un estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés). El TPS es una designación que permite a los inmigrantes de ciertos países a permanecer en los EE. UU. legalmente si los problemas en sus países de origen, como las luchas armadas o los desastres naturales, impiden un retorno seguro. El estado de inmigración es temporal y debe ser renovado – por cada país y luego por cada individuo – cada seis, 12 o 18 meses. 

 

“No somos nada más que los ciudadanos promedio de este país, haciendo un trabajo regular”, dijo Ayala Ortiz.

 

Pero ahora, después de un fallo de la corte federal de apelaciones a principios de esta semana, los poseedores del TPS podrían ver sus vidas patas arriba. En 2017 y 2018, la administración de Donald J. Trump puso fin a la designación del TPS para los inmigrantes de cuatro países: El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití. Una demanda en 2018 contra la medida hizo que un tribunal de distrito de California prohibiera las nuevas normas, lo que significa que no se podían hacer cumplir. Pero el lunes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la orden.

 

Bajo el fallo, las personas de los cuatro países afectados verán su estatus de TPS expirar el 4 de enero de 2021. No se enfrentarán a la deportación inmediata. En algún momento antes de la fecha de expiración del TPS, recibirán permisos de trabajo que extenderán brevemente su estancia en el país. De acuerdo con el Immigrant Law Center of Minnesota, los salvadoreños recibirán 12 meses adicionales; los titulares del TPS de los demás países tendrán cuatro meses.  

 

Ayala Ortiz es uno de estos inmigrantes. Llegó a Minnesota desde El Salvador en 1994, a la edad de 16 años. En ese momento, el país apenas se estaba recuperando de una guerra civil de más de una década. 

 

“No tenía futuro allí”, dijo. “Todo era un caos. Mi madre y yo decidimos que venir aquí sería una mejor opción para mí.”

 

Durante los primeros años, Ayala Ortiz vivió en los EE. UU. indocumentado. Recibió el estatus TPS en 2001, y lo ha estado renovando cada 12 a 18 meses desde entonces. El proceso de renovación es costoso – más de 400 dólares, dijo – e incluye una verificación de antecedentes cada vez. Pero Ayala Ortiz dijo que es todo lo que conoce. 

 

“Muchos de nosotros hemos construido nuestras vidas alrededor del TPS”, dijo. “Continuaremos luchando contra esto tanto como podamos. No ha terminado todavía.” 

 

Dolores Margarita de García Chapetón, también de El Salvador, ha sido copropietaria de la panadería El Guanaco, en St. Paul y Bloomington, durante 12 años. Ella y su marido han vivido en los EE.UU. bajo el estatus de TPS durante 20 años. 

 

Margarita de García Chapetón dijo que su negocio emplea a 30 personas cuyos trabajos estarían en peligro si ella y su marido fueran deportados.

 

“Es devastador”, dijo. 

 

No hay nada temporal en estos individuos.

 

El grupo más numeroso que vive en Minnesota de los cuatro países afectados es el de los inmigrantes salvadoreños, que son más de 7.000, según Minnesota Compass, un sitio de datos y análisis sin fines de lucro.

 

Al menos 400 inmigrantes sudaneses llegaron al estado en la década de 1990, según el Instituto Internacional de Minnesota, y aproximadamente el mismo número de haitanos viven en el estado, según datos del Instituto de Políticas Migratorias. 

 

Los cálculos previos de todos los inmigrantes estadounidenses con TPS contaban con unos 200.000 salvadoreños, 46.000 haitianos y 2.500 nicaragüenses. No está claro cuántos de estos inmigrantes residen en Minnesota. 

 

Cuando comenzó en 1990, la designación TPS estaba destinada a ofrecer una residencia a corto plazo y no un camino a la ciudadanía. 

 

David Wilson, un abogado de inmigración de Minneapolis que trabaja en temas de TPS, dijo que el estatus se originó en la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989 en China. Muchos ciudadanos chinos en los EE.UU. no se sentían seguros al regresar a su país en ese momento. 

 

A lo largo de la siguiente década, el gobierno de EE.UU. añadió más países con gobiernos inestables a la lista de protegidos. 

 

“Cuando estayó en los años 90, nadie pensó que se convertiría en algo tan largo y extenso como esto”, dijo Wilson. 

 

Algunos grupos de inmigrantes que antes eran elegibles para el TPS han sido capaces de impulsar un camino hacia la ciudadanía. Tal fue el caso el año pasado para los Liberianos Americanos. Después de años de esfuerzos de esa comunidad, el Congreso aprobó una medida que les concede la elegibilidad para la residencia permanente.

 

Los defensores están presionando para que el Congreso apruebe la Ley de Sueño y Promesa (Dream and Promise Act), que proporcionaría una solución permanente para que otros titulares del TPS permanezcan en el país. Mustafa Jumale, cofundador del Colectivo de Inmigrantes Negros (Black Immigrant Collective) sin fines de lucro, apoya esa medida.

 

“No hay nada temporal en estos individuos”, dijo Mustafa. “Están profundamente arraigados en Minnesota y en su comunidad”. 

 

Marc Prokosch, un abogado de inmigración con sede en Roseville, dijo que el futuro de los titulares del TPS dependerá en gran medida del resultado de las próximas elecciones presidenciales. Una nueva administración podría revertir los planes para acabar con el TPS. 

 

Si el TPS para los inmigrantes de los cuatro países efectivamente termina, Prokosch dijo que lo que pase después se desarrollará caso por caso. 

 

Algunos titulares del TPS podrían seguir otros canales de inmigración para permanecer “en lo que sean elegibles”, dijo Prokosch. Los inmigrantes que anteriormente habían enfrentado deportaciones se encontrarían en una peor posición.

 

“Realmente se reduce a lo siguiente: ‘¿Se han reunido con un juez de inmigración antes?'”, dijo. “Si no lo han hecho, entonces hay esperanza de que puedan ser elegibles para otra cosa. Si lo han hecho, entonces es probable que hayan terminado sus opciones.”  

 

Por “terminado”, Prokosch quiere decir que son vulnerables a la deportación. Para los titulares del TPS como Ayala Ortiz, que tienen hijos nacidos aquí que son ciudadanos, terminar la designación podría dividir a sus familias. 

 

“Algunos de ellos van a tener que decidir si van a ir a vivir con sus padres, lo cual es absurdo”, dijo Ayala Ortiz. 

 

Margarita de García Chapetón, de 54 años, tiene dos hijas adultas con estatus de DACA y tres nietos que son ciudadanos. 

 

“No quiero dejar atrás a mis hijos ni a mis nietos”, dijo. “Si esa situación va a suceder, mi corazón sangrará”. 

 

Esperando una tarjeta verde

 

Ayala Ortiz puede que tenga otra opción. Su esposa es ciudadana estadounidense y él solicitó la tarjeta de residencia a través de su estatus. Pero dijo que el caso ha estado avanzando lentamente durante más de un año. 

 

“No he tenido una cita en la corte ni nada de eso”, dijo sobre su solicitud de tarjeta de residencia pendiente.

 

A pesar de esto, Ayala Ortiz dijo que muchos titulares de TPS no tienen el lujo de esta opción. También cuestionó si los políticos habían pensado bien en las ramificaciones económicas de terminar el TPS para tanta gente. 

 

Ayala Ortiz señaló un estudio publicado a principios de este año que muestra que en los EE.UU. 130.000 titulares de TPS de El Salvador, Honduras y Haití encajan en la definición de trabajadores esenciales: trabajos fuera del hogar que son críticos para industrias como la agricultura y la atención de la salud.  

 

“El impacto va a ser tremendo”, dijo. “Es mucho trabajo y mucho dinero”.