Crisis política en México

Por Javier Lafuente

La elección por primera vez en la historia de México de un fiscal general independiente, un cambio crucial en el funcionamiento de las instituciones ha sacudido la actualidad del país. La medida fue acordada hace tres años por casi todo el espectro político, pero aún no se ha puesto en marcha. A menos de un año de las elecciones presidenciales, el proceso ha sacado a relucir las fracturas internas de varios partidos, tiene bloqueado el Congreso y ha puesto en pie de guerra a un sector de la sociedad y la política, que exigen un proceso abierto ante el intento del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de consolidar al actual procurador, elegido por el presidente, al frente de la futura Fiscalía.

La corrupción –junto a la violencia- se ha convertido en uno de los problemas centrales de México, una lacra que hace temblar los cimientos de un sistema agónico. Raro es el día que no se conoce un caso nuevo. El último ejemplo, una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción que desvela que 11 organismos públicos desviaron 192 millones de dólares a través de empresas fantasma. Cada desmán descubierto camina de la mano de la impunidad que cubre el caso: una nueva inyección de desconfianza a una población al borde de la sobredosis.

“El desencanto con las instituciones es cada vez mayor, pero sin ellas no hay democracia”, opina el académico José Woldenberg. La reforma política de 2014, lograda bajo el paraguas del Pacto por México, un ambicioso acuerdo entre el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las formaciones opositoras, parecía paliar este déficit. Se acordó que la Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del Ejecutivo, se transformaría en Fiscalía General, un órgano autónomo cuyo representante, el fiscal general, permanecería nueve años en el cargo. “No se trataba de cambiar solo el nombre, sino también el estatus jurídico e irradiar confianza hacia la ciudadanía, porque quien perseguiría los delitos sería una institución independiente”, analiza Woldenberg.

La perdida de poder local del PRI –cerca de cinco millones de votos- a partir de las elecciones internas de 2015 provocó un cambio en la correlación de fuerzas. El Pacto por México pasó a los libros de Historia. La decisión quedó atrapada entre la maraña de intereses de los partidos políticos. A punto de iniciarse el último periodo de sesiones antes de la campaña electoral del próximo año, el bloqueo es tal que la mesa directiva de la Cámara de Diputados no ha logrado instalarse, con la consiguiente parálisis institucional.

El PRI apuesta por mantener el polémico “pase automático” para que el actual procurador, Raúl Cervantes, que fue diputado del partido gobernante durante más de seis años, sea el próximo fiscal. La oposición en la Cámara y en la calle es frontal. Diversos sectores políticos y civiles buscan impedir que nazca viciada una figura capital para el funcionamiento del país a partir del próximo año. “La sospecha surge de tener a un fiscal cercano a la actual Administración”, opina Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. “Hay que mandar la señal de que el nuevo fiscal esté bien visto por la mayoría de formaciones y organizaciones sociales”, completa Woldenberg.

El poder del próximo fiscal será inaudito en la historia del país: su mandato durará nueve años, por lo que coincidirá con tres presidentes. Su figura se antoja crucial en la construcción de una nueva institucionalidad. Una de sus atribuciones será designar al fiscal que combata la corrupción, que ha rebasado todos los límites. A finales de los ochenta, recuerda Woldenberg, los únicos casos que se conocían eran los que al Gobierno le interesaba sacar a la luz. “En los últimos 20 años, hay una mejor prensa, una sociedad civil más fuerte… No sé si es mayor la corrupción, pero tiene más visibilidad y menos tolerancia”.

La Procuraduría ha estado en el punto de mira de todas las críticas por su proceder en algunos de los escándalos más graves del sexenio, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o los que afectan directamente a los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge; también por la lentitud en la investigación de las ramificaciones del ‘caso Odebrecht’ en México. En el caso particular de Cervantes, su imagen ha quedado dañada también estos días al conocerse que matriculó un Ferrari en una casa deshabita de Morelos, un Estado próximo a la capital, donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, algo que el actual procurador atribuyó a un “error administrativo”.