América Latina quiere vacunas, antes que imponerlas

América Latina quiere vacunas, antes que imponerlas

 

En una región con acceso desigual a la inmunización y a la salud, los eventuales castigos a los no vacunados podrían terminar por aumentar las brechas existentes

 

JORGE GALINDO-El País

 

Las variantes de coronavirus están cambiando la manera en que la humanidad enfrenta la pandemia. Su mayor capacidad de contagio, expresada en delta con particular intensidad, está forzando a replantear los objetivos de vacunación, que se fijaron informalmente en torno al 70% de la población, y que ahora aparecen como modestos o directamente insuficientes a la luz de los nuevos brotes que son capaces de conquistar rápidamente a los no vacunados incluso en países como Israel o España, con planes muy avanzados. En América Latina, los porcentajes de voluntad de vacunación son altos: una mayoría quiere inmunizarse. Pero también variables, y en muchos casos apenas por encima del mencionado 70%, según una encuesta periódica global que mantiene activa el Centro de Datos Sociales de la Universidad de Maryland.

 

A la luz de todo ello, el debate sobre la necesidad de obligar a las personas a vacunarse se ha instalado en el mundo entero. A la vanguardia está Emmanuel Macron: el presidente francés anunció hace unas semanas que sería necesaria prueba de inmunización para permanecer en espacios como restaurantes o cines. Acto seguido, aumentó la cantidad de citas solicitadas en el sistema de vacunación de la República. Italia le seguiría al poco tiempo. En el otro extremo se ubica la administración estadounidense: Joe Biden y su equipo se rehúsan por ahora a considerar mandatos federales, ni siquiera entre empleados públicos.

 

La traducción del debate al contexto latinoamericano está resultando aparatosa, pues la vacunación en el continente ha estado marcada desde el principio por la falta de acceso. En primera instancia, esta brecha se daba entre países: apenas un puñado de naciones privilegiadas (por ingresos, conexiones y habilidad diplomática) lograron contratos de temprana entrega cuando la oferta mundial era escasa. Ahora que esta restricción se va aflojando y las dosis fluyen al menos a las economías más grandes y mejor posicionadas del continente (otras más pobres, como Honduras, Guatemala o Bolivia, siguen sufriendo por lograr una entrega regular y abundante), las diferencias de acceso pueden trasladarse al seno de cada país.

 

Porque, para empezar, la demanda no cede, y de hecho parece aumentar con fuerza en los países para los que existen datos de último minuto. Se expresa particularmente bien no solo en la voluntad declarada, sino en el intento de lograr una cita de vacunación, con tendencia al alza, salvo en Argentina (donde es plausible que la aceleración de semanas anteriores se haya traducido en que, simplemente, más personas ya la consiguieron y por tanto no la necesitan).

 

Este incremento de demanda fehaciente abre el debate de obligatoriedad en una región que aún tiene a más de dos tercios de sus habitantes sin pauta completa. Medidas como las aprobadas por Francia o Italia tienen el efecto de incrementar el costo de no estar vacunado, pero se producen en contextos en los que el costo de vacunarse es bajo gracias a sistemas de salud inclusivos, insertados en estructuras territoriales integradas con tejidos sociales y demográficos más densos. En población, infraestructura, pero también en información y capital comunitario.

 

Para al menos en tres países en Sudamérica la encuesta de la Universidad de Maryland ofrece indicación de cómo han evolucionado las menciones de problemas específicos para vacunarse. La falta de citas ha ido bajando; presumiblemente, lo ha hecho conforme los planes se abrían a segmentos más amplios de la población en Argentina o Brasil, pues también ha bajado la mención a la no elegibilidad. Es probable que los sistemas logísticos también hayan mejorado. A cambio, ha aumentado la preferencia por ciertos tipos de vacunas, probablemente a raíz de las informaciones sobre (muy poco frecuentes) efectos secundarios asociados a algunas de ellas, pero también en relación con la consolidación de percepciones cuya base empírica se debilita a medida que va pasando de boca en boca.

 

Las dificultades de orden más específico son las que se mantienen constantes, ciertamente en las últimas posiciones, pero aparentemente siempre afectando a una cierta minoría que está igualmente en riesgo y que puede ser crucial para alcanzar niveles de protección comunitaria más sólidos. Son de tipo técnico o de conectividad, pero también se cita la ausencia de información en la lengua deseada, la no disposición de documentos necesarios, o incluso la imposibilidad de dejar a los niños con alguien.

 

Esta lista expresa los mencionados costos que una persona puede enfrentar para vacunarse, sugiriendo la posibilidad de colocarlos en la ecuación de la decisión de vacunación de los individuos junto a los costos de sí hacerlo. La reducción de los primeros equivaldría a mejorar el acceso a salud en una región caracterizada por las brechas más amplias a recorrer (físicas, o de otro tipo) desde el principio de la necesidad o de la enfermedad, hasta el inicio de su solución, correspondiente con el hospital, el centro de salud, o el puesto de vacunación.

 

El papel de la sociedad civil

Las estimaciones de coste y beneficio que implican una decisión tan crucial como vacunarse están inevitablemente mediados por la percepción, y ésta no se produce en el vacío. La observación, y la recepción de información, opiniones desde entidades o individuos de confianza puede ser crucial en varios casos. El mensaje puede pesar tanto como el emisor, y la encuesta de la UMD recoge cuáles albergan más poder para impulsar a otros a vacunarse. Los médicos encabezan la lista, seguidos por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la decisión de inmunizar primero al personal sanitario tuvo posiblemente el efecto derivado de aumentar la confianza en las vacunas disponibles.

 

Familia y gobiernos se encuentran en el segundo lugar, con una nada despreciable influencia entre más del 50% de los encuestados. Y para un tercio, los políticos (oficialistas u opositores) también pesan.

 

Este patrón se reproduce de manera más o menos simétrica en la mayoría de los países para los que hay datos, con algunas variaciones interesantes: por ejemplo, la OMS pesa para una abrumadora mayoría en Brasil pese a los rifirrafes de Jair Bolsonaro con la entidad. Y en Colombia los políticos pesan más que en el resto de las naciones.

 

El pasado viernes 30, el senador Gustavo Petro, principal precandidato de la izquierda a la presidencia de Colombia y una referencia en el actual ambiente polarizado del debate político en el país andino, interpretó una filtración de una presentación del Centro para el Control de las Enfermedades estadounidense como prueba de que las vacunas “no sirven” contra la variante delta de COVID. La propia red social decidió marcar el mensaje como “engañoso”, y Petro procedió a aclarar que no se refería a lo que parecía referirse. Este ejemplo es apenas el último de los mensajes sobre vacunas cruzados con partidismo que han abundado desde todos los flancos ideológicos en la América Latina de los últimos meses, indicando que, si algunos de sus líderes están considerando obligatoriedades o penalizaciones para incentivar la vacunación, tal vez éstas tendrían que venir precedidas de una consideración previa sobre el uso que se le da a las mismas en los debates políticos de la región.