1.7 millones de jóvenes indocumentados

Podrían beneficiarse con programa Acción Diferida. Buscará EUA evitar que estafen a beneficiarios de programa migratorio

WASHINGTON (NTX).-
Un total de 1.76 millones de jóvenes indocumentados en Estados Unidos se beneficiarían de una suspensión de la deportación bajo el programa de Acción Diferida que entrará en vigor el próximo 15 de agosto.

El Instituto de Políticas de Migración (MPI) informó este martes que la cifra es mayor a 1.4 millones que divulgó en junio porque agrega a unos 350 mil jóvenes que se beneficiarían si vuelven a la escuela u obtienen una equivalencia de secundaria.

Además, 1.1 millones, el 65 por ciento, provienen de México, casi 60 mil de El Salvador y 50 mil de Guatemala, de acuerdo con el informe que indicó que el 57 por ciento de los potenciales beneficiados vive en los estados de California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois.
Las regulaciones emitidas el 3 de agosto por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) favorecen a jóvenes entre 16 años y menores de 31 años que han vivido en el país por al menos cinco años, están en la escuela o han servido en las fuerzas armadas.
El informe del MPI proporciona información actualidad sobre la edad, estado de residencia, rendimiento académico, país, género y participación en la fuerza laboral de los llamados “dreamers” o “soñadores” por el proyecto de ley Dream Act estancado en el Congreso que busca su legalización.
Las autoridades decidirán caso por caso bajo el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia (DACA), que ofrece dos años de suspensión de deportación, así como permiso de trabajo a los beneficiados, que además no deben haber sido condenados por delitos graves.
El gobierno de Estados Unidos buscará dar información necesaria a jóvenes indocumentados que se acogerán al programa de acción diferida que evita su deportación, a fin de que no sean víctimas de fraude, informaron hoy fuentes oficiales.
“Uno de los mayores desafíos es asegurar que las personas beneficiadas con esa política tengan buena información”, indicó la directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, en un foro en el Centro para el Progreso Americano (CAP).
Advirtió que personas sin autorización buscan aprovecharse y “quitarles el dinero” a los solicitantes de ese programa de alivio migratorio, que entrará en vigor el 15 de agosto próximo.
Muñoz coincidió con la preocupación expresada por el Grupo de Congresistas Hispanos (CHC) sobre fraudes por parte de personas que piden incluso mil dólares para llenar una solicitud, lo cual “no es necesario” porque los interesados lo pueden hacer por su cuenta o con ayuda legal.
“Mientras más información tengan, más equipados estarán para tomar una decisión si deciden solicitar la acción diferida y un permiso de trabajo, a fin de prepararse para proporcionar los documentos necesarios para la solicitud”, anotó.
Señaló que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) “está haciendo un buen trabajo” en abordar esos desafíos, mientras facilita una información fácil de entender que está disponible para los interesados en el programa, cuya tarifa es de 465 dólares.
Un total de 1.76 millones de jóvenes indocumentados de entre 16 y 30 años se beneficiarían del programa de acción diferida que les permitiría evitar su deportación y obtener un permiso de trabajo, según un informe del Instituto de Políticas de Migración (MPI).
El director del USCIS, Alejandro Mayorkas, indicó en un foro organizado este martes por el MPI que prepara la contratación de personal adicional, aunque sin precisar la cifra o las tareas específicas que realizarían.
Por su parte, activistas lanzaron este martes la campaña nacional “Únete al sueño” para ayudar a los solicitantes mediante talleres de capacitación, foros comunitarios y eventos para acogerse al programa.
La directora de la organización United We Dream, Cristina Jimenez, apuntó que una creciente coalición de grupos buscará que los interesados en el programa tengan asistencia legal de calidad, gratuita y a bajo costo para evitar ser víctimas de fraudes.
En una rueda de prensa en la sede de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), Jimenez explicó que también habrá información para los jóvenes que no han terminado la escuela, a fin de ayudarlos a que obtengan el certificado de estudios equivalentes a la preparatoria.

Requisitos de edad y de estancia en EUA para solicitar la Acción Diferida

Según la disposición del Gobierno del presidente Obama pueden solicitar la acción deferida, que supone en la práctica la suspensión de la posibilidad de deportación, las siguientes personas:
Los inmigrantes indocumentados que tengan entre 15 y 30 años de edad. Es decir, que no hayan cumplido los 31 a fecha del 15 de junio de 2012. Además, los menores de 15 años que están en estos momentos en proceso de deportación, tienen una orden de expulsión o de salida voluntaria y no están detenidos podrán solicitar la acción diferida. En otras palabras, los niños de 14 años y menores, por regla general, no pueden solicitarla, sólo los que tienen en estos momentos los problemas migratorios mencionados.
Los muchachos pueden haber llegado a Estados Unidos cruzando ilegalmente la frontera o pueden haber entrado legalmente pero, por alguna razón, perdieron ese estatus con anterioridad al día del anuncio de esta medida el pasado mes de junio.
Es obligatoriamente necesario que dichas personas hayan llegado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. Por ejemplo, si un inmigrante indocumentado de 29 años llegó al país con 17, no podrá acogerse a esta medida de gracia.
También es estrictamente necesario haber vivido de manera continua en Estados Unidos durante los cinco años anteriores a la fecha en la que el Presidente anunció la medida, que fue el 15 de junio de 2012. Es decir, tener el domicilio aquí desde al menos el 15 de junio de 2007.
Y, por último, hay que cumplir con un último requisito: estar presente en EUA el día en el que se anunció la medida, esto es el 15 de junio del presente año y también el día en que aplican por la acción diferida.

Qué pasa si se salió de EUA por un periodo corto de tiempo

El requisito de residencia continuada en Estados Unidos se entenderá que se ha cumplido aún cuando se haya salido del país por un corto periodo de tiempo, siempre y cuando éste sea lo que el USCIS califica de corta, casual e inocente.
Por tal hay que entender que fue por unos días, por un propósito concreto no contrario a la ley. En ningún caso cumple con este requisito de salida corta, casual e inocente las salidas de Estados Unidos por una orden de expulsión o deportación o una orden de salida voluntaria o una concesión administrativa de salida acordada durante un proceso de deportación o expulsión.

Además de cumplir con los requisitos de edad y presencia en Estados Unidos, se exige que:
En la actualidad se esté cursando la high school o que el inmigrante se haya graduado de la misma. Es decir, se está enrolado en el momento en el que se aplica. También se cumple con este requisito si se ha conseguido el graduado conocido como GED, que es el sustituto para los estudios de high school.
Si no se tienen los estudios mencionados, también se podrá aplicar si el inmigrante indocumentado se ha licenciado honorablemente del Ejército americano (Marines, Army, Navy, Air) o de la Guarda Costera. Y también cumple con los requisitos si en la actualidad está enrolado en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Cómo probar que se cumplen los requisitos para la acción diferida

Se admitirán como prueba de estancia en Estados Unidos y de cumplir con las condiciones académicas o profesionales los siguientes documentos:
*Informes médicos
*Informes de la escuela y de la high school, incluidos certificados, diplomas y calificaciones (transcripts)
*Récords bancarios
*Certificaciones de trabajo o récords de servicio militar
Además, se podrán aceptar otro tipo de documentos que prueben la presencia de un inmigrante en Estados Unidos. Las declaraciones juradas pueden admitirse como apoyo de la documentación o cuando haya lagunas en la misma. Pero por sí solas no serán suficientes.
Hay que resaltar que las personas que presenten documentación falsa o adulterada podrán ser encausados penalmente y enviados a prisión y/o deportados.

Dreamers a los que no se concederá la acción diferida

No se concederá la acción deferida a los inmigrantes indocumentados que, aún cumpliendo con los requisitos de presencia en Estados Unidos y condiciones militares o de estudios, tengan un récord penal.
Al aplicar, los inmigrantes deben dar sus huellas digitales y otros datos biométricos, además deben dar información sobre su historial biográfico, que será investigado. No podrán beneficiarse de la acción diferida:
Las personas que han sido condenadas por delitos (felonías). A estos efectos se consideran delitos todas aquellas actividades delictivas que por ley federal o estatal o local llevan aparejada una condena de prisión de un año o superior.
Las personas condenadas por una falta importante (misdemeanor). Esto es, una falta que ponga en peligro la salud o la seguridad nacional, como por ejemplo, pertenencia a una pandilla (ganga o gang).
También se considera falta importante cuando se comete más de tres faltas, a menos que se hayan realizado el mismo día o sean parte del mismo hecho delictivo.
También tienen la consideración de falta importante los asuntos de violencia doméstica, manejar un auto bajo la influencia del alcohol o de las drogas, cualquier actividad ilegal relacionada con abuso sexual, la posesión ilegal de drogas o su distribución, el uso o la posesión ilegal de un arma de fuego, haber huido de un arresto o de la escena de un accidente o el allanamiento de morada, el fraude o el hurto y cualquier otra falta en la que intervenga violencia o amenazas.
Para estos efectos no se consideran faltas importantes las que supongan una condena de 90 días o menores o actividades tales como manejar sin licencia.
Según las leyes estadounidenses son faltas (misdemeanors) los hechos delictivos que conllevan una pena de cárcel inferior a un año pero mayor a cinco días.
En ciertos casos de faltas, el DHS tiene gran libertad para decidir quién puede y quién no beneficiarse de la acción diferida. En estos casos es recomendable contar con el consejo legal de un abogado reputado o de un representante acreditado.
Tips
Las faltas y delitos migratorios de acuerdo a algunas leyes estatales restrictivas de la inmigración como la de Arizona, no se tendrán en cuenta en este proceso. Además, las condenas juveniles no suponen necesariamente la descalificación de una persona para recibir la acción diferida. Se atenderá caso por caso. Pero si la persona cometió el delito siendo menor y se le juzgó como adulto, se le considerará que no es una condena juvenil.

Beneficios de la Acción Diferida

El principal beneficio es que no habrá deportación. El beneficio es por dos años, renovable tras ir examinando caso por caso. Hay que entender que no es una amnistía. Además, tener en cuenta que el DHS puede suspender en cualquier momento una acción diferida concedida.
Además, los inmigrantes que se acogen a la acción deferida podrán solicitar un permiso de trabajo, pero hay que demostrar una necesidad económica. Este permiso es también por dos años, renovable. En realidad, será válido mientras la acción diferida esté vigente. En otras palabras, sin la una no hay el otro.
Además, en determinados casos la persona a la que se le ha concedido la acción diferida podrá viajar fuera de Estados Unidos y regresar. La condición indispensable es pedir permiso y que sea aprobado, lo que en inglés se conoce como advance parole que hay que solicitar al USCIS, previo pago de un arancel de $360.

Trámites para solicitar la Acción Diferida

Se podrá comenzar los trámites para solicitar la acción diferida a partir del 15 de agosto de 2012:
Los trámites se tienen que hacer ante el USCIS o ante el ICE, dependiendo de la situación del aplicante.
Las personas que en la actualidad están detenidas por el ICE deberán tramitar su caso con esa agencia. Pueden informarse por teléfono llamando al 1-888-351-4024. O también se puede contactar con el defensor público por correo electrónico en la siguiente dirección: EROpublicadvocate@ice.dhs.gov. También es posible ponerse en contacto con un oficial de la instalación en la que está arrestado o detenido.
Todos los demás inmigrantes, incluidos los que nunca han tenido ningún tipo de relación con las autoridades migratorias y también las que tengan una sentencia firme de deportación o una orden de salida voluntaria tramitarán su caso con el USCIS. Y podrán informarse en el 1-800-375-5283.
A partir del 15 de agosto de 2012 estarán disponibles los formularios para aplicar. El arancel a pagar es de $465, incluyendo la solicitud de permiso de trabajo. En casos muy extraordinarios se permitirá no pagar: cuando el solicitante sea menor de edad y esté en acogimiento familiar o sea indigente, o cuando el aplicante tenga deudas médicas acumuladas en el último año por una cantidad superior a $25,000 para sí o su familia inmediata o cuando sufra de una enfermedad grave o incapacidad crónica. En todos los casos los ingresos han de ser un 150% inferiores al umbral de la pobreza.
Hay que resaltar que desde que se envía la aplicación hasta que se resuelve que se concede la acción diferida el aplicante continuará sumando días de presencia ilegal, a menos que el solicitante sea menor de edad en el momento de aplicar. Si la solicitud se concede se paralizará el cómputo de días de presencia ilegal en Estados Unidos.
Y mientras se tramita la aplicación, el solicitante no puede salir de Estados Unidos. Tiene que permanecer en el país.
De nuevo resaltar que aunque se conceda la acción diferida, el beneficiado no gana estatus legal. Sigue teniendo estatus de inmigrante ilegal y, por lo tanto, no puede acogerse a beneficios propios de los migrantes legales.
Qué hacer si un inmigrante es detenido o arrestado por Inmigración
Si un inmigrante que cree que puede acogerse a este beneficio de la acción deferida es detenido por la migra, podrá llamar al ICE al 1-888-351-4024.
Tip
No pueden solicitar la acción diferida los muchachos que ya han sido deportados o salieron voluntariamente de Estados Unidos.

Riesgos de la Acción Diferida

Los riesgos de la acción diferida son básicamente dos: que un próximo presidente le ponga fin por decisión unilateral y que la información de la aplicación se comparta con otras agencias.
Con respecto a esto último, la regla general es que el USCIS no compartirá la información de las aplicaciones con la Policía de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) o con el ICE, excepto en las siguientes circunstancias:
*Que el aplicante cumpla con algún requisito para recibir una Nota de presentarse (Notice to Appear, en inglés).
*Cuando se necesite la colaboración del ICE, la CBP u otras agencias policiales para determinar si una aplicación es fraudulenta.
*Cuando lo amerite un riesgo de seguridad nacional.
*Cuando se trate de investigar un delito.
En estos casos, la información que el USCIS puede compartir con las otras agencias no está limitada al solicitante sino que también puede abarcar datos sobre su familia inmediata o sus guardianes legales.

López Obrador presenta ”10 fundamentos” para invalidar elección
Una actitud tendenciosa de los medios de comunicación y el manejo de encuestas para favorecer a Peña Nieto, los principales fundamentos del tabasqueño

MÉXICO,DF (NTX).- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, presentó un escrito con lo que llamó ”10 fundamentos básicos” para argumentar su solicitud de invalidez de la elección.
En conferencia de prensa expuso que se han presentado miles de pruebas para sostener su queja, pero para que los magistrados no se ”empapelen” presenta los ”fundamentos”, entre ellos el supuesto uso de encuestas como propaganda en favor de Enrique Peña y el monitoreo de la UNAM que, a su juicio, mostraría iniquidad en acceso a medios.
Explicó que se enviará a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el escrito donde se resumen las pruebas que aportaron para que se dé la invalidez de la elección presidencial.
Detalló que el escrito está estructurado con 10 fundamentos básicos integrados por las principales pruebas aportadas por el Movimiento Progresista, las cuales tienen el objetivo de exponer ”con mucha claridad” los elementos básicos que sostienen su denuncia.
Puntualizó a los magistrados que ”es imprescindible que se cumpla el mandato constitucional de que las elecciones deben ser libres y auténticas, pues la supuesta democracia nacional no puede ser tutelada por los poderes fácticos de carácter mediático y económico”.
En este sentido agregó que se tiene que realizar la investigación puntual de los hechos denunciados y los magistrados deben tener en cuenta que está de por medio el hacer valer la Constitución, la democracia y el futuro del país, ”porque no se puede fincar el futuro de México en el fango, en el pantano, en la inmundicia”.
Dijo que la disyuntiva es: democracia o autoritarismo, así como dinero o sufragio efectivo, ”ese es el tema que debe considerarse”.
Los 10 fundamentos en los que se estructura este escrito tienen que ver en primer lugar con lo que llamó una actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, así como con el manejo de encuestas en medios de comunicación para hacer propaganda en favor del priista.
En el documento también se refirió a gastos excesivos en propaganda y movilización en actos de campaña de Enrique Peña Nieto. Asimismo se hace referencia al uso de tarjetas Soriana para la supuesta compra del voto y a la distribución de monederos de Monex.
Con respecto a estos últimos tipos de tarjeta indicó que se identificaron tres denominados Monex Recompensa, Monex Lealtad y Monex Lealtad Internacional.
Además se acusa la presunta compra y distribución de tarjetas telefónicas cargadas con 100 pesos de tiempo aire, de las cuales se tiene información de que se emitieron cinco millones de las mismas lo que ascendería a un total de 500 millones de pesos.
En este sentido también destacó la operación en estados gobernados por el PRI en favor del candidato Peña Nieto, y señaló en particular a Zacatecas.
En el escrito se insiste también en el manejo de una cuenta bancaria por parte del coordinador de campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, en torno a lo cual dijo: ”no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se aclare este asunto”.
Finalmente los últimos dos fundamentos del documento se refieren a la supuesta compra de votos en el país a cambio de diversas dádivas y aprovechándose de la pobreza en el medio rural, lo que consideró ”de la mayor inmoralidad”.
En la conferencia de prensa estuvo acompañado por su coordinador de campaña Ricardo Monreal y el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, entre otras personalidades del Movimiento Progresista.
Los ”10 fundamentos básicos”:
1. Actitud tendenciosa en los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto.
2. El uso de encuestas para hacer propaganda a favor de Peña.
3. Rebase en los topes de campaña en propaganda y movilización de gente para los mítines del priista.
4. Obsequio de tarjetas Soriana para compra de votos. Enumera siete tipos diferentes de tarjetas.
5. Distribución de monederos Monex. Presenta tres tipos: Monex Lealtad, Monex Recompensa y Monex Internacional.
6. Compra y distribución de 5 millones tarjetas telefónicas de Peña Nieto.
7. Intrusión de gobiernos priistas para favorecer con recursos púbicos, a Enrique Peña Nieto. Destaca el caso Zacatecas.
8. Manejo de cuenta bancaria del gobierno del Estado de México por Luis Videgaray. coordinador de campaña y ex secretario de Finanzas, Planeación y Administración de Peña Nieto en dicha entidad.
9. Compra de votos a nivel nacional.
10. El tráfico de pobreza y la necesidad de la gente, sobre todo en el medio rural.

El PRI descalifica fundamentos de AMLO para anular elección
La solicitud del líder y candidato del PRD es cuestionada por el priista y lo invita a apegarse a un resultado de una elección altamente participativa

El líder del Movimiento Territorial priista, Carlos Flores Rico, consideró que los 10 fundamentos básicos de Andrés Manuel López Obrador que argumentan su solicitud de invalidez de la elección presidencial, no resisten el más elemental análisis crítico sobre su pertinencia jurídica como causales legales de nulidad.
“Y ni siquiera como argumentos de sentido común para desacreditar una elección altamente participativa en votantes y participantes, ampliamente vigilada por millones de ciudadanos”, expuso.
En entrevista, el también diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que la parafernalia generada por el candidato presidencial de izquierda, López Obrador y compañía lo único que deja claro es la veracidad del dicho: “para los rajados no hay ley”.
Por ello, consideró que “para quien no acepta perder, dígase lo que se diga, demuéstrese lo que se demuestre, y resuélvase lo que se resuelva no habrá nada que los convenza de lo contrario”.
Flores Rico sostuvo que López Obrador y sus “abogados de la fantasía” podrán hacer un catálogo de tarjetas Soriana, de teléfono, o de cualquier otra cadena o banco para quejarse de la compra del voto, ya que no hay límite para el discurso y la diatriba.
Sin embargo, dijo que lo que no podrán evitar enfrentar y aceptar el juicio de la autoridad jurisdiccional a la que no puede presionar, condicionar o prejuzgar.
“Tarde que temprano tendrán que reconocer que afirmar no es sinónimo de probar, que amedrentar no es premisa de resolución objetiva; y que ganar un juicio no significa pisotear una institución y un proceso jurídico formal respetados y respetables”, aseveró.
Advirtió que no hay forma de desestimar el voto de los millones de ciudadanos que dijeron no a López Obrador.