Cárteles buscarán poder político en México

WASHINGTON (NTX).- Los cárteles mexicanos mantienen una evolución de creciente participación en la economía legítima que los llevará eventualmente a buscar poder político en México y a llevar su violencia a Estados Unidos, advirtió la Corporación Rand. En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, el asesor de Rand, Brian Michael Jenkins, sostuvo que México no padece la amenaza de una guerra civil o de un Estado fallido, pero sí del creciente poder de los cárteles y de su violencia.

La corporación Rand es un centro de investigación y análisis no partidista, que originalmente fue empleado por el ejército de Estados Unidos. “Los cárteles están interesados en las ganancias que vienen con el dominio territorial, pero están invirtiendo en la economía legítima y eventualmente buscarán el poder político”, señaló el también ex vicepresidente de la firma de seguridad Kroll Associates. En su testimonio, Jenkins aludió a la propuesta del virtual ganador en las elecciones presidenciales del 1 de julio, Enrique Peña Nieto, en el sentido de que planea desplegar una fuerza policial efectiva que sustituya al ejército en las calles.

“La construcción de esa fuerza, sin embargo, requerirá recursos significativos y tomará tiempo”, precisó el especialista del centro independiente de análisis que elabora investigaciones en más de mil tópicos cada año. El Comité de Seguridad Nacional organizó el foro para analizar las mayores amenazas a Estados Unidos. El caso de México fue incluido en el testimonio de Jenkins, pero no en el del ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Michael Hayden. Jenkins sostuvo que los cárteles mexicanos tendrán también una creciente presencia en Estados Unidos, gracias a sus alianzas con las pandillas callejeras.

“Esto creará competencia entre las redes de traficantes, que puede llevar al mismo tipo de salvajismo que en México”, señaló el asesor de Rand. “También pondrá a los cárteles en confrontación directa con las agencias policiales de Estados Unidos, a las que tratarán de sobornar con vastas sumas de dinero”, añadió. Jenkins, ex miembro del ejército de Estados Unidos, sostuvo que en caso que esa estrategia no funcione “no dudarán en emplear las mismas tácticas violentas que han usado para intimidar a la policía de México”.

“Eso transformaría la amenaza de México de un asunto policial a uno de seguridad nacional. Una más grande, una mejor pared (fronteriza) no es la solución total”, concluyó. Por otra parte, los empresarios gasolineros están sometidos por el crimen organizado y son obligados a vender combustible que fue robado tanto a las pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación, así como a los ductos de la paraestatal. Conforme a la denuncia interpuesta por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo A.C. (ONEXPO) ante las autoridades judiciales, los empresarios gasolineros de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Durango, Michoacán y Zacatecas trabajan bajo amenazas del crimen organizado.

La denuncia fue interpuesta el pasado 15 de junio en Tampico, Tamaulipas, y en ella se relata cómo los empresarios son amenazados. Las gasolineras “en general de toda la República Mexicana, están siendo víctimas de la delincuencia organizada, al presionar y amenazar a través de personas fuertemente armadas a nuestros compañeros empresarios para que comercialicen combustibles de dudosa procedencia”. La denuncia fue interpuesta ante la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) por el ingeniero Manuel Nocetti Tiznado, en su calidad de presidente de la ONEXPO nacional.

Uno de los estados más afectados es Zacatecas. De hecho, en las denuncias que han hecho los empresarios de esa Entidad se explica que son forzados y amenazados, que independientemente de comprar el combustible por las vías legales, en reiteradas ocasiones no se puede hacer, porque tienen combustible robado en sus inventarios.

De acuerdo con los datos recabados por las propias gasolineras, los camiones de combustible robado cuestan, dependiendo de la zona, entre los 120 y los 150 mil pesos que deben ser pagados en efectivo por los empresarios gasolineros